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¿El petróleo es de quien lo trabaja?

28/11/2005

¿El petróleo es de quien lo trabaja?

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En una carta que me envía Diego Valadez, no me aclara, me ejemplifica que el Petróleo es de quien lo trabaja. El ex procurador en los tiempos de Salinas de Gortari, me dice que se viene discutiendo acerca del nuevo régimen fiscal aplicable al organismo Petróleos Mexicanos. Es, sin duda, un asunto relevante para las finanzas nacionales y para la salud del organismo, máxime si se considera que, en términos aproximados, el 60 por ciento de sus ingresos son para cubrir una amplia gama de impuestos. Empero, dice, el tema fiscal es sólo una parte del problema económico que afecta al principal instrumento generador de ingresos para el país.

Asegura, que si se examinan las prestaciones contractuales del sindicato, por ejemplo, se advertirá otra importante vía de erogaciones que también descapitaliza a Pemex. Indica que no discute el capítulo financiero de la mal llamada “empresa”, ni las reivindicaciones laborales de sus trabajadores, que siempre son merecidas. Lo que le interesa subrayar es el problema constitucional implicado por los términos de la contratación colectiva y de la legislación aplicable a Pemex.

Recalca que según el artículo 27 de la Constitución, “corresponde a la Nación el dominio directo de […] los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos…” En derecho se utilizan indistintamente las expresiones dominio directo, dominio eminente o dominio del Estado, para significar los derechos del Estado sobre su territorio. Es una forma de ejercer un poder supremo, por encima del cual no hay, jurídicamente, ningún otro poder posible.

Acota que la expresión acerca del petróleo contenida por el artículo 27 es consistente con las demás normas constitucionales: el petróleo es de la nación. Pero, ahora bien, ¿cómo ejerce la nación ese derecho de propiedad? En los términos del artículo 41, el pueblo ejerce sus derechos de soberanía, de los que éste es un caso, a través de los poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial. Hasta aquí todo parecería muy claro, dice el jurista, tanto, que la propiedad de la nación sobre sus hidrocarburos es un dogma sólidamente establecido. “Lo malo es que, si nos adentramos en el tema, veremos que entre el dogma y el hecho la distancia es grande. En la realidad de los hechos el petróleo es sólo de algunos mexicanos; no de todos, como la Constitución postula”.

Pemex tiene suscrito un contrato colectivo de acuerdo al cual todos los trabajos que realice, incluyendo los de distribución y transporte, se deben llevar a cabo a través del sindicato, aunque en casos excepcionales el sindicato permite al patrón que realice, “por contrato libre”, algunas actividades de exploración, perforación o mantenimiento, por ejemplo. Además, según la ley, Pemex es un organismo descentralizado que a su vez cuenta con cuatro organismos descentralizados. Esto es posible porque el derecho administrativo es muy flexible, y en México hemos ejercido hábilmente esa ventaja, de manera que Pemex es un organismo descentralizado del Estado, y Pemex-Exploración, Pemex-Refinación, Pemex-Gas y Pemex-Petroquímica, son organismos descentralizados de Pemex; toda una innovación.

Otra peculiaridad, me dice el ex procurador, consiste en que el Consejo de Administración de Pemex está integrado por seis representantes del Estado y cinco del sindicato. Conforme al principio germano de cogestión empresarial, los representantes sindicales participan en el máximo órgano de gobierno de un organismo estatal que, a su vez, ejerce actos de dominio en nombre de toda la nación. En estos términos el sindicato de petroleros no es sólo un representante de los trabajadores de ese organismo; es parcialmente un representante de la nación. El dominio directo de los hidrocarburos corresponde a la nación pero sólo puede ejercerlo a través del sindicato. Si el Estado osara aplicar el artículo 27 constitucional por sus propios medios, tendría que desafiar las acciones legales (infundadas) y las acciones directas (temibles), de un sindicato que expropió al expropiador. En cierta medida, en México el petróleo es de quien lo trabaja.

¿El petróleo es de quien lo trabaja?

Hay que decir que el Estado mexicano tuvo la entereza de expropiar a las empresas extranjeras; pero el Sindicato tuvo la destreza de expropiar el Estado. La Nación sólo tiene un dominio indirecto sobre su petróleo; el dominio directo, en los términos de la ley secundaria y al contrato, se realiza con la intervención de un sindicato cuyo poder se explica por la debilidad de las instituciones. El Congreso carece del la fuerza política necesaria para reformar el artículo 7° de la Ley de Pemex, y el conjunto de los órganos del Estado tampoco tiene los recursos necesarios para modificar el contrato colectivo de los petroleros. En los hechos, el sindicato tiene una fuerza superior a la suma de fuerzas de los órganos del Estado.

Para culminar esa tarea de expropiaciones sucesivas, ahora se pretende que los particulares también integren el Consejo de Administración de Pemex, con lo cual participarán los actos de dominio que ese organismo lleva a cabo en nombre de la nación. Es una más de la serie de confusiones que ya no permite diferenciar lo público de lo privado. Entre quienes ocupan los órganos del Estado, hay quienes sí saben lo que el Estado es, pero para muchos no es sino una empresa de gran tamaño. El derecho sólo es una serie de enunciados que indican un deber ser. La Constitución, como norma jurídica, nos señala lo que en algún momento de la historia se consideró que debía suceder. Poco a poco, la realidad comenzó a operar en un sentido distinto al prescrito por la norma. En materia de hidrocarburos la norma constitucional dejó de ser, hace tiempo, una norma jurídica y se convirtió en una más de esas declaraciones que denominamos “programáticas”. Se trata de un fenómeno patológico, cuyo eventual (utilizo esta voz en el sentido de acontecimiento futuro e incierto) remedio podría estar en la reforma del Estado. Por eso se explica que una sólida red de intereses haya frustrado hasta ahora esas reformas. Fortalecer el sistema representativo no es compatible con una esfera de poderes estatales de facto, en manos de una organización sindical. Mantener un sistema representativo débil es una de las claves para preservar una situación anómala, en la que un sindicato se ha subrogado en los derechos de una nación entera. La probable presencia de particulares en el Consejo de Administración de Pemex entra en esa lógica de que la nación no somos todos.

Es imposible prever qué tanto tiempo durará la postración de las instituciones públicas; tampoco pueden postularse remedios fáciles. El simplismo sólo contribuye a ocultar la verdadera magnitud de los problemas. Todo lo más que hoy se puede hacer es llamar la atención sobre un asunto que nos concierne a todos los mexicanos y advertir que ningún sistema adverso a las libertades, a la equidad y al derecho, ha durado por siempre. Algún día, esto también cambiará. Esto, más que aclaración, fue una perspectiva real del PEMEX que soñamos. Amen.